Blanco&negro
PAZEn caso de una negociación, ¿deben los exguerrilleros participar en la democracia? Se trata de un debate tan apasionado como indispensable, si Colombia quiere algún día la paz.
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Participacion política: ¿Del monte al Capitolio?
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| Más de 20 años después de la desmovilización del M19, Colombia vuelve a debatir –en condiciones nacionales e internacionales radicalmente distintas– qué hacer con los guerrilleros de las Farc en caso de un, aún remoto, proceso de paz. |
Sábado 2 Junio 2012
Ser o no ser. ¿Dar o no dar participación en política a los guerrilleros que se desmovilicen en un eventual proceso de paz? Esta es la forma shakespeariana que ha tomado el debate del llamado marco constitucional para la paz, que está en su recta final en el Congreso, concentrado en este punto que genera reacciones viscerales entre los padres de la patria, los políticos y millones de colombianos.
El asunto de si los miembros de grupos armados al margen de la ley -léase la guerrilla- pueden participar en política y acceder a cargos públicos como resultado de un proceso de paz es crucial. Desde el punto de vista de la viabilidad misma del proceso, bloquear el tránsito de los excombatientes desde el monte hacia plazas y cargos públicos y dejar la cárcel como única opción para sus comandantes podría convertir la reforma constitucional en un saludo a la bandera muy santanderista. Sin embargo, en la Colombia de hoy, con tanta barbarie y delitos de lesa humanidad, defender la noción de que los Timochenko y los Márquez puedan tener un lugar en la democracia es casi un suicidio político.
En resumen: sin participación en política es difícilmente concebible una solución negociada al conflicto armado de medio siglo; pero introducirla ahora es políticamente sensible y jurídicamente complejo, por las implicaciones nacionales e internacionales que tiene el tratamiento que finalmente se decida dar a miembros de grupos armados que han cometido los más graves crímenes en el marco de ese conflicto.
La discusión toca fibras tan sensibles que por poco hunde el Acto Legislativo en las primeras de cambio. La reforma constitucional de 2009 prohibió que los condenados por participación en grupos armados, delitos de lesa humanidad o narcotráfico pudieran ser candidatos a cargos de elección popular o funcionarios públicos. El artículo original del marco jurídico para la paz exceptuaba esa prohibición a "los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que se desmovilicen en el marco de un eventual proceso futuro de paz con el gobierno nacional, una vez cumplan con las sanciones a las que haya lugar". Fue tal el revuelo, que el proyecto solo pasó a segundo debate al sacrificar este artículo. Ahora, en el penúltimo de los ocho debates que debe proseguir, en la Comisión Primera del Senado, la idea ha reaparecido, aunque formulada con mayor cautela: "Una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política".
Álvaro Uribe y sus partidarios pusieron el grito en el cielo. El presidente Juan Manuel Santos se vio obligado a contestar emotivamente: "Ni Timochenko ni ninguno de los cabecillas de la guerrilla van a llegar a cargos de elección popular por causa de este acto legislativo. ¡Eso no es posible!". Luego, Uribe aceptó la vocería política, pero solo para combatientes rasos que no hayan cometido crímenes graves. Y el debate dista de culminar. Basta imaginar la que se va a armar cuando el Congreso, eventualmente, discuta cuáles serían los delitos "conexos" con el delito político, lo que permitiría participar en política a quienes los hayan cometido.
Otro round entre los políticos que refleja tensiones de fondo sin resolver en la sociedad es hasta dónde Colombia está dispuesta a llegar -y hasta dónde se lo permita el endurecimiento punitivo en el derecho internacional actual- para llevar a buen puerto un eventual proceso de paz. ¿El precio de la paz es ver a autores de crímenes de guerra pasar del monte al Capitolio? ¿Lo permitiría la Corte Penal Internacional? ¿Qué 'sapos' aceptarán tragarse los colombianos para poner fin al conflicto? ¿O preferirán insistir en la política de la derrota total de la guerrilla, como piden algunos? Que el proyecto de marco jurídico para la paz esté precipitando estas discusiones es saludable, así las respuestas sigan siendo tan apasionadas como siempre. Que ello tenga lugar prematuramente, en un momento en el que no hay ningún proceso de paz ni remotamente a la vista es, quizá, parte del problema.
En resumen: sin participación en política es difícilmente concebible una solución negociada al conflicto armado de medio siglo; pero introducirla ahora es políticamente sensible y jurídicamente complejo, por las implicaciones nacionales e internacionales que tiene el tratamiento que finalmente se decida dar a miembros de grupos armados que han cometido los más graves crímenes en el marco de ese conflicto.
La discusión toca fibras tan sensibles que por poco hunde el Acto Legislativo en las primeras de cambio. La reforma constitucional de 2009 prohibió que los condenados por participación en grupos armados, delitos de lesa humanidad o narcotráfico pudieran ser candidatos a cargos de elección popular o funcionarios públicos. El artículo original del marco jurídico para la paz exceptuaba esa prohibición a "los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que se desmovilicen en el marco de un eventual proceso futuro de paz con el gobierno nacional, una vez cumplan con las sanciones a las que haya lugar". Fue tal el revuelo, que el proyecto solo pasó a segundo debate al sacrificar este artículo. Ahora, en el penúltimo de los ocho debates que debe proseguir, en la Comisión Primera del Senado, la idea ha reaparecido, aunque formulada con mayor cautela: "Una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política".
Álvaro Uribe y sus partidarios pusieron el grito en el cielo. El presidente Juan Manuel Santos se vio obligado a contestar emotivamente: "Ni Timochenko ni ninguno de los cabecillas de la guerrilla van a llegar a cargos de elección popular por causa de este acto legislativo. ¡Eso no es posible!". Luego, Uribe aceptó la vocería política, pero solo para combatientes rasos que no hayan cometido crímenes graves. Y el debate dista de culminar. Basta imaginar la que se va a armar cuando el Congreso, eventualmente, discuta cuáles serían los delitos "conexos" con el delito político, lo que permitiría participar en política a quienes los hayan cometido.
Otro round entre los políticos que refleja tensiones de fondo sin resolver en la sociedad es hasta dónde Colombia está dispuesta a llegar -y hasta dónde se lo permita el endurecimiento punitivo en el derecho internacional actual- para llevar a buen puerto un eventual proceso de paz. ¿El precio de la paz es ver a autores de crímenes de guerra pasar del monte al Capitolio? ¿Lo permitiría la Corte Penal Internacional? ¿Qué 'sapos' aceptarán tragarse los colombianos para poner fin al conflicto? ¿O preferirán insistir en la política de la derrota total de la guerrilla, como piden algunos? Que el proyecto de marco jurídico para la paz esté precipitando estas discusiones es saludable, así las respuestas sigan siendo tan apasionadas como siempre. Que ello tenga lugar prematuramente, en un momento en el que no hay ningún proceso de paz ni remotamente a la vista es, quizá, parte del problema.
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