martes, 23 de febrero de 2016

COLOMBIA

Blanco&negro

 | 2016/02/22 19:34

Revive el ‘articulito’ de las zonas de despeje

El Congreso empieza a reformar la ley de orden público para permitir la recta final del proceso de paz. Para ello desempolva la misma norma que permitió la zona de despeje de San Vicente del Caguán.
 El Gobierno pretende eliminar la prohibición de las zonas de despeje. Foto: Archivo SEMANA
Se llama Ley de Orden Público y fue aprobada por el Congreso en 1997. Es la norma que habilita los procesos de paz con las organizaciones armadas al margen de la ley. Desde entonces, todos los presidentes la han utilizado, tanto que  Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos han pedido al Congreso prorrogar su vigencia. La misma ley que Santos pide reformar para poner fin al conflicto con la guerrilla de las FARC.
Hace 19 años, cuando parecía que el Estado perdía la guerra contra la insurgencia, un artículo de esa ley habilitó las llamadas zonas de despeje y en consecuencia dio origen al proceso de paz del gobierno Pastrana en la zona desmilitarizada de cinco municipios alrededor de San Vicente del Caguán.
“El presidente de la República, mediante orden expresa y en la forma que estime pertinente, determinará la localización y las modalidades de acción de la fuerza pública, siendo fundamental para ello que no se conculquen los derechos y libertades de la comunidad, ni genere inconvenientes o conflictos sociales”, dice en uno de los incisos del parágrafo 1º. del artículo 8 de esa ley.
Y posteriormente se lee: “el gobierno nacional podrá acordar, con los voceros o miembros representantes de las Organizaciones Armadas al margen de la ley a las cuales se les reconozca carácter político, su ubicación temporal o la de sus miembros en precisas y determinadas zonas del territorio nacional. En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura contra estos, hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso”.
Esa redacción estuvo vigente hasta el 2010. A finales de ese año, el Congreso aprobó la prórroga de la ley, pero por iniciativa del entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, se eliminaron los párrafos mencionados y en su lugar se dispuso la siguiente redacción: “En ningún caso se podrán establecer órdenes especiales de localización a la fuerza pública para la creación específica de zonas de ubicación o de despeje de cualquier parte del territorio nacional”. En ese entonces el consenso nacional giraba en torno a no repetir los errores del Caguán, por lo que se eliminó la mínima posibilidad de establecer una zona de despeje. Por eso, un proceso de paz con la guerrilla sólo se podría adelantar en el exterior.
Esa disposición es la que hoy tiene en aprietos la recta final del proceso de paz, pues luego de que la guerrilla y el Gobierno aceptaron un mecanismo de verificación del cese al fuego, y ante la necesidad de que las FARC concentren a los hombres que se van a desmovilizar, el Gobierno no tiene herramientas legales para garantizar esa ubicación.
¿Y cómo pretende resolverlo el Gobierno? Sencillo. Eliminar la prohibición de las zonas de despeje y revivir el parágrafo que les dio vida hace 19 años.
“De cara al estado actual de las negociaciones con las FARC, y para posibilitar institucionalmente las operaciones de movilización a zonas de ubicación de los frentes o columnas de los grupos de guerrilla que suscriban un acuerdo de paz con el Gobierno, se hace necesario derogar del ordenamiento jurídico la prohibición mencionada. Esto para hacer viables y otorgar seguridad jurídica a dichas movilizaciones y subrogarla por otra que establezca explícitamente dicha posibilidad en cabeza del primer mandatario”, explica el senador Roosevelt Rodríguez, del Partido de la U, uno de los dos ponentes del proyecto de ley, quien a partir de este martes tendrá que convencer al Senado y la Cámara de aprobar esta reforma.
La posibilidad del presidente de limitar la acción de la fuerza pública en determinadas zonas, explica el senador Rodríguez, está fundamentada en el artículo 189 de la Constitución, el que señala que al presidente de la República le corresponde “dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República”.
Y para efectos de que se produzca la firma de un acuerdo de paz con las FARC, señala el ponente, es necesario garantizar el traslado de los miembros de la guerrilla a las zonas de ubicación temporal. Por eso, explica, para ello se hace necesario “revivir la norma original que estipula que el Gobierno podrá acordar con los representantes de la organización armada su ubicación temporal en precisas y determinadas zonas del territorio nacional”.
La ponencia, que empezará a ser discutida este martes, lo señala con claridad. Se revivirá la disposición que permitió las zonas de despeje. Quizá previendo la controversia que se podría anticipar en el debate en el Congreso, y el posible argumento del uribismo de que la reforma pretende crear zonas de despeje, el Gobierno decidió incluir en el proyecto varios parágrafos en los que determinaba los alcances de las zonas especiales de ubicación temporal.
“…En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura contra estos y los demás miembros del grupo organizado al margen de la ley, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas, hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso. Adicionalmente, si así lo acordaran las partes, a solicitud del gobierno nacional y de manera temporal, se podrá suspender la ejecución de las órdenes de captura en contra de cualquiera de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, por fuera de las zonas, para adelantar actividades propias del proceso de paz”, dice el proyecto.
Una sencilla interpretación de esta redacción indica que las órdenes de captura a la guerrilla se podrían suspender fuera de las zonas de ubicación, con fines exclusivos de adelantar actividades del proceso de paz. Hace una semana esto parecía una mera formalidad, pero seguramente encenderá un nuevo debate después de los hechos del jueves pasado en el corregimiento de Conejo, en el municipio de Fonseca, en La Guajira, donde Iván Márquez y Joaquín Gómez, jefes de las FARC, fueron sorprendidos haciendo proselitismo armado.

miércoles, 17 de febrero de 2016

Blanco&negro

martes, 16 de febrero de 2016

EUROPA

Blanco&negro'Financial Times' augura 

El diario británico refleja que la "ola de arrestos, revelaciones
y dimisiones derivadas de la corrupción" los alejan del poder.

Mariano Rajoy Financial Times

jueves, 11 de febrero de 2016

Blanco&negro

 | 2016/02/10 17:41

“Hoy en Colombia tenemos más cocaína y menos guerrilla”

Julián Quintero, activista y experto en políticas de drogas, presentó una valiosa intervención en la Mesa de la ONU sobre drogas y salud.
 Julián Quintero en su intervención en la Mesa de la ONU sobre drogas y salud. Foto: Youtube.
Julián Andrés Quintero es el director de la Corporación Acción Técnica Social (ATS), pero ante todo es un comprometido con el consumo responsable y con la reformulación de la política prohibicionista contra las drogas. Esta semana en el primer panel de la mesa de la ONU sobre drogas y salud, ‘Perspectiva de los expertos y los grupos de presión’, presentó un discurso sobre la posición de la guerra contra las drogas de cara a los 15 años del Plan Colombia.
“Hace tan solo una semana aquí en este país, el gobierno Colombiano y de los Estados Unidos celebraban los 15 años del Plan Colombia, la estrategia para combatir la guerrilla disfrazada de ‘guerra contra las drogas’. Hoy tenemos más cocaína y menos guerrilla. Esa misma cocaína es la principal amenaza para el posconflicto en Colombia”, decía para abrir su discurso, que escuchaba en vivo Ban Ki-moon.
Y enseguida continuaba explicando su punto de vista sobre las políticas de drogas necesarias una vez se firme la paz y se desmovilicen las FARC. “(...) muchos grupos de narcotraficantes se disputarán a sangre y fuego esos territorios para controlar la producción de la cocaína para el mundo. Como dijo el presidente Santos hace dos semanas, ‘es hora de quitarle ese dinero a los narcotraficantes’.
Así invitaba a que los gobiernos de América no retarden más el debate por la regulación del mercado de la cocaína, no sólo por la salud pública y los derechos humanos, sino por la seguridad de nuestro continente”. El evento en el que se presentó el discurso es la antesala de UNGASS 2016, esto es, la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se dará una oportunidad para revisar y reorientar las políticas de drogas nacionales y el futuro del marco internacional para el control de drogas. “El gobierno colombiano fue uno de los que convocó la reunión UNGASS y debe ser protagónico”, señaló Quintero a Semana.com. 
La evidencia sobre el fracaso de la guerra contra las drogas no es nueva. Lo que aún no se ha descubierto es cuál es la mejor manera de remplazar esta lucha. Para Quintero y su equipo, sin duda, el camino es la reducción de riesgos en consumo. “Ante el rotundo fracaso de un mundo libre de drogas de los Estados; nosotros los técnicos, investigadores y activistas de las nuevas políticas de drogas, hacemos presencia con programas de reducción de riesgos en consumo recreativo en los clubes, las discotecas y los festivales donde está la cocaína y emergen las nuevas drogas de síntesis”.
El investigador hizo referencia al programa de su equipo ‘Échele Cabeza cuando se dé cabeza’, a través del cual, después de analizar más de 1.200 muestras y publicar sus resultados, pudo comprobar que afectó la calidad de las drogas y ahora son levemente menos adulteradas. “Apoyar los servicios de análisis de sustancias para consumidores recreativos y la generación de alertas tempranas, reduce intoxicaciones, reduce el ingreso a los servicios de urgencias de los hospitales, reduce las sobredosis y reduce el consumo problemático. Tenemos la evidencia, como lo piden las nuevas políticas”, afirmó.
Finalmente, Quintero cerró con el diagnóstico de las nuevas amenazas de drogas en este momento: “Colombia empieza a vivir con fuerza el problema de las drogas inyectadas, principalmente la heroína. Nuestro presente es el siguiente: promedio de edad de consumo por inyección 22 años, más del 50 % de intercambio de jeringas entre consumidores, el 60 % es el promedio de la pureza de heroína en las calles, el 70 % de los consumidores en situación de calle o extrema pobreza y un gramo de heroína por valor de 10 dólares”.
“¿Qué futuro nos espera si los políticos se resisten a reconocer la evidencia del acceso a jeringas? ¿Si la Naloxona solo se puede usar en los hospitales o si se niegan a que creemos salas de consumo supervisado que sean la puerta de entrada a servicios integrales para personas consumidoras de drogas?”, se preguntaba.
Quintero y la corporación ATS reconocen los avances del Gobierno en reformas de de políticas públicas en materia de drogas en el último año, particularmente en lo relativo a la suspensión de la aspersión con glifosato, el uso del canabis medicinal y en el apoyo del Ministerio de Justicia frente a los programas de jeringas. Pero aún considera que se deben tomar medidas más “arriesgadas” en esta dirección. 
“La Corporación Acción Técnica Social la hacen realidad 30 valientes jóvenes que ahora me observan y están cambiando las políticas de drogas de mi país y el continente, atiende a más de 1.000 inyectores en tres ciudades y en los últimos seis meses salvamos 21 vidas llevando la Naloxona cerca de los consumidores”, señaló más adelante en su discurso.
“Mientras los gobiernos logran tener el control de las drogas para regularlas, los consumidores demandan drogas de calidad e información para su salud, no sólo han llegado nuevas drogas, sino que contamos como aliados a una nueva generación de consumidores responsables del siglo XXI que gestionan el riesgo y el placer. Es hora de prestarles más atención y más apoyo, no son consumidores problemáticos organizados para exigir servicios de salud, somos consumidores recreativos construyendo un cambio cultural y abriéndonos espacio político desde la evidencia”.
Vea el video del discurso: