Blanco&negro
DROGASLa Cámara de Representantes aprobó el último debate de la que podría ser la primera ley en el país que obligue al Estado a atender científicamente a todos los adictos. El autor de la futura norma, Juan Manuel Galán dice que se envía un mensaje a favor del giro en la política antidrogas.
Ley declara drogadicción problema de salud pública; Galán explica sus alcances
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| Archivo SEMANA |
Miércoles 6 Junio 2012
La plenaria de la Cámara aprobó en último debate el proyecto por el cual el Estado colombiano reconocerá "que el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas es un asunto de salud pública". La futura norma, que podría ser sancionada por el presidente Juan Manuel Santos en agosto, establece la situación de los adictos "debe ser tratada como una enfermedad de alto costo que requiere atención integral por parte del Estado".
El senador Juan Manuel Galán, autor de la iniciativa, explica sus alcances.
SEMANA: ¿Qué significa el reconocimiento de la adicción a las drogas como un asunto de salud pública?
JMG: El mensaje más significativo de esta ley es reconoce la adicción como una enfermedad en Colombia. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que la adicción es la segunda causa de muerte en el mundo, y en Colombia no se reconocía como enfermedad.
S: ¿Se puede decir que esta es la primera ley que expide el Congreso en sintonía con el debate mundial sobre el giro en la política antidrogas’
JMG: Esta ley es un mensaje del Congreso colombiano en consonancia con los pronunciamientos del presidente Juan Manuel Santos sobre la necesidad de avanzar en una nueva política contra las drogas, de darle otra mirada al problema del consumo, a los adictos, una mirada de salud pública, y una mirada de políticas de prevención. Estoy seguro que el jefe del Estado tiene toda la voluntad de que se empiece progresivamente, como lo hemos establecido en esta ley, a apropiar los recursos para que empiece su aplicación.
S: ¿Habrá recursos para atender a los adictos cuando el Ministerio de Hacienda calificó de inviable esta iniciativa?
JMG: El Ministerio de Hacienda emite conceptos desfavorables a todos los proyectos de ley, más si son de iniciativa parlamentaria. Lo importante es que esta iniciativa está en sintonía con las políticas que está diseñando el Ministerio de Salud, que está comprometido en enfrentar el consumo, incluso desde la edad escolar. Las cifras de consumo vienen en aumento y cada vez se inicia en edades más tempranas y con cocteles de drogas más peligrosas.
Entonces, esta ley le va a dar ese enfoque de salud pública y de prevención al consumo. Eso nos va a permitir ir superando la bicicleta estática del prohibicionismo, la represión y el castigo, políticas con la que no hemos tenido los mayores resultados con relación a los enormes costos invertidos.
S: ¿Qué obligaciones tiene el Estado con esta ley?
JMG: Las obligaciones vienen en concordancia con los pronunciamientos de la Corte Constitucional que en varias sentencias ha ordenado al Estado y al gobierno no desamparar a los adictos, brindarles tratamiento. Esta ley busca que se aplique en todos los niveles de salud pública, por ejemplo, podríamos pensar en un eventual decreto reglamentario que reserve 2.000 o 2.500 pesos del régimen contributivo por cada persona, para adelantar programas de salud y de prevención del consumo de estas sustancias.
S: ¿La ley califica problema de salud pública solo el consumo de drogas ilícitas, o también al alcoholismo y el tabaquismo?
JMG: No solo abarca las drogas ilícitas. También el consumo de alcohol que en Colombia no ha recibido el tratamiento proporcional a la amenaza que representa para la salud de los colombianos. La ministra de Salud, Beatriz Londoño, reveló un reciente estudio que indica que la puerta de entrada al consumo de cocaína en Colombia es el consumo de alcohol, y la puerta de entrada al consumo de marihuana, es el tabaco. Frente al tabaco ha habido avances legislativos. Pero frente al alcohol Colombia está muy atrasado en programas de prevención del consumo.
S: ¿Cuánto le puede costar al Estado la atención médica a los drogadictos?
JMG: Otras iniciativas en el Congreso han afirmado que la rehabilitación de los adictos costaría entre 7 y 24 millones de pesos. Y que la población de adictos sería superior a los 200 mil enfermos. Pero creo que le cuesta más al país no tener un sistema de tratamiento para los adictos y los consumidores. Estoy seguro de que el costo de no tener tratamiento, de no tener políticas de prevención es más alto que si en realidad los tuviéramos.
S: ¿Esta norma permite incluir la adicción como una enfermedad incluida en el Plan Obligatorio de salud?
JMG: Va en esa dirección. Una nueva postura frente al consumo debe hacer raíces en todo el sistema de salud. Pero sería progresivo. Este no es un proceso milagroso ni que se va a conseguir de la noche a la mañana. Este es un proceso que va a tomar años, pero hemos dado un paso significativo en esa dirección.
S: ¿Los adictos serán obligados a recibir atención médica
JMG: No. Es totalmente voluntario. La primera ayuda es reconocer que se tiene un problema. Estudios científicos indican que una persona se demora entre ocho y diez años en reconocer que tiene un problema de adicción. Y más años aún en buscar ayuda científica. Porque hay un estigma social frente a los adictos, que son escondidos en las familias, y se convierte en un drama silencioso. Pero si se empieza a tratar se empezará a resolver.
SEMANA: ¿Qué significa el reconocimiento de la adicción a las drogas como un asunto de salud pública?
JMG: El mensaje más significativo de esta ley es reconoce la adicción como una enfermedad en Colombia. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que la adicción es la segunda causa de muerte en el mundo, y en Colombia no se reconocía como enfermedad.
S: ¿Se puede decir que esta es la primera ley que expide el Congreso en sintonía con el debate mundial sobre el giro en la política antidrogas’
JMG: Esta ley es un mensaje del Congreso colombiano en consonancia con los pronunciamientos del presidente Juan Manuel Santos sobre la necesidad de avanzar en una nueva política contra las drogas, de darle otra mirada al problema del consumo, a los adictos, una mirada de salud pública, y una mirada de políticas de prevención. Estoy seguro que el jefe del Estado tiene toda la voluntad de que se empiece progresivamente, como lo hemos establecido en esta ley, a apropiar los recursos para que empiece su aplicación.
S: ¿Habrá recursos para atender a los adictos cuando el Ministerio de Hacienda calificó de inviable esta iniciativa?
JMG: El Ministerio de Hacienda emite conceptos desfavorables a todos los proyectos de ley, más si son de iniciativa parlamentaria. Lo importante es que esta iniciativa está en sintonía con las políticas que está diseñando el Ministerio de Salud, que está comprometido en enfrentar el consumo, incluso desde la edad escolar. Las cifras de consumo vienen en aumento y cada vez se inicia en edades más tempranas y con cocteles de drogas más peligrosas.
Entonces, esta ley le va a dar ese enfoque de salud pública y de prevención al consumo. Eso nos va a permitir ir superando la bicicleta estática del prohibicionismo, la represión y el castigo, políticas con la que no hemos tenido los mayores resultados con relación a los enormes costos invertidos.
S: ¿Qué obligaciones tiene el Estado con esta ley?
JMG: Las obligaciones vienen en concordancia con los pronunciamientos de la Corte Constitucional que en varias sentencias ha ordenado al Estado y al gobierno no desamparar a los adictos, brindarles tratamiento. Esta ley busca que se aplique en todos los niveles de salud pública, por ejemplo, podríamos pensar en un eventual decreto reglamentario que reserve 2.000 o 2.500 pesos del régimen contributivo por cada persona, para adelantar programas de salud y de prevención del consumo de estas sustancias.
S: ¿La ley califica problema de salud pública solo el consumo de drogas ilícitas, o también al alcoholismo y el tabaquismo?
JMG: No solo abarca las drogas ilícitas. También el consumo de alcohol que en Colombia no ha recibido el tratamiento proporcional a la amenaza que representa para la salud de los colombianos. La ministra de Salud, Beatriz Londoño, reveló un reciente estudio que indica que la puerta de entrada al consumo de cocaína en Colombia es el consumo de alcohol, y la puerta de entrada al consumo de marihuana, es el tabaco. Frente al tabaco ha habido avances legislativos. Pero frente al alcohol Colombia está muy atrasado en programas de prevención del consumo.
S: ¿Cuánto le puede costar al Estado la atención médica a los drogadictos?
JMG: Otras iniciativas en el Congreso han afirmado que la rehabilitación de los adictos costaría entre 7 y 24 millones de pesos. Y que la población de adictos sería superior a los 200 mil enfermos. Pero creo que le cuesta más al país no tener un sistema de tratamiento para los adictos y los consumidores. Estoy seguro de que el costo de no tener tratamiento, de no tener políticas de prevención es más alto que si en realidad los tuviéramos.
S: ¿Esta norma permite incluir la adicción como una enfermedad incluida en el Plan Obligatorio de salud?
JMG: Va en esa dirección. Una nueva postura frente al consumo debe hacer raíces en todo el sistema de salud. Pero sería progresivo. Este no es un proceso milagroso ni que se va a conseguir de la noche a la mañana. Este es un proceso que va a tomar años, pero hemos dado un paso significativo en esa dirección.
S: ¿Los adictos serán obligados a recibir atención médica
JMG: No. Es totalmente voluntario. La primera ayuda es reconocer que se tiene un problema. Estudios científicos indican que una persona se demora entre ocho y diez años en reconocer que tiene un problema de adicción. Y más años aún en buscar ayuda científica. Porque hay un estigma social frente a los adictos, que son escondidos en las familias, y se convierte en un drama silencioso. Pero si se empieza a tratar se empezará a resolver.
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