Blanco&negro
Bruselas confirma que el rescate de la banca agravará el déficit público
Eurostat advierte de que las ayudas y no solo los intereses podrán computar como gasto
Si los fondos públicos van a tapar pérdidas se considerarán ayudas de Estado
El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn. / FREDERICK FLORIN (AFP)
Eurostat, la oficina estadística europea que tiene la última palabra sobre las cuentas públicas de los países del euro, ha confirmado hoy que el rescate de la banca de España computará como deuda y que los intereses asociados al crédito de hasta 100.000 millones de eurostendrán “un impacto directo” en el déficit. Aunque esta no es la única vía de agua que se puede abrir en los esfuerzos del Gobierno por devolver la sostenibilidad presupuestaria al Estado ya que la institución también advierte de que las propias inyecciones de capital pueden acabar computadas como déficit. La clave es si se destinan a tapar los agujeros existentes en las entidades con problemas, lo que las convierte automáticamente en ayudas de Estado.
Así, tras la confusión sobre el tratamiento contable que tendrán los intereses que se ha vivido desde el sábado, cuando el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció la petición de ayuda, Eurostat arroja ahora algo de luz y confirma que a fin de cuentas la decisión complicará aun más la ardua tarea de reducir el déficit. Si Guindos admitió el sábado que los intereses computarían como tal, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, negó de forma tajante este extremo en su comparecencia del domingo. A continuación, el lunes, el portavoz de Asuntos Económicos de la UE, Amadeo Altafaj, respaldó las palabras del jefe del Ejecutivo español al afirmar que Eurostat podría no tenerlos en cuenta para calcular el déficit, tal y como había ocurrido en otros rescates, aunque no llegó a confirmarlo.
Eurostat, que frente a la terminología que usa el Gobierno español define la ayuda como un “paquete de rescate”, explica que “el crédito que solicite el Gobierno español aumentará directamente la deuda pública”. El máximo previsto en el plan de asistencia, que asciende a 100.000 millones, equivale al 10% del Producto Interior Bruto (PIB), con lo que si se agota el crédito el endeudamiento del Estado cerrará el año en el 90% del PIB frente al 79% previsto en los Presupuestos.
En cuanto al déficit, la oficina estadística europea añade que “habrá un impacto directo en el déficit por el gasto en intereses del préstamo”, aunque a continuación añade que de momento no se conocen ni la cantidad de dinero que necesitará España para sanear al sector financiero ni las condiciones de este crédito. Según fuentes europeas, el interés del préstamo estará entre el 3% y el 4%, aunque probablemente caerá más cerca de esta segunda cifra que de la primera. A este respecto, ayer el fondo de rescate del euro que está actualmente en vigor, de donde saldrá parte de la ayuda a España, salió al mercado para vender 1.500 millones en deuda con una rentabilidad del 3,75%.
Pero hay más. Eurostat también comenta que aunque es muy temprano para dar una respuesta concreta sobre el impacto que tendrá la recapitalización de la banca con dinero público en el déficit, las inyecciones de capital en las entidades también podrían acabar apuntadas como déficit si Bruselas entiende que representan ayudas públicas y, por tanto, se computan como gasto del Estado.
En concreto, si la entrega de los fondos, que se distribuirán entre los bancos y cajas con problema a través del FROB, está condicionada a que los beneficiarios paguen un retorno por el capital tal y como ocurre con los inversores tradicionales, el desembolso no será tenido en cuenta para calcular el déficit. Sin embargo, la inyección de dinero publico será considerado como gasto y, por tanto, tendrá un impacto al alza en el déficit cuando se destine a cubrir pérdidas de las entidades.
En cualquier caso, Eurostat matiza que estudiará caso por caso las recapitalizaciones de los bancos y cajas junto a las autoridades estadísticas españolas a medida que se conozcan los detalles.
El primero de los casos ya está sobre la mesa con Bankia, que ha necesitado ayudas por 23.500 millones para superar sus problemas financieros. Del total, 4.465 millones corresponden a la inyección con participaciones preferentes realizada por el FROB en 2010. El capital, sin embargo, tendrá que convertirse en acciones tras la nacionalización de la matriz del banco y, por tanto, el Estado dejará de percibir intereses por este crédito, lo que le obliga a esperar a que la entidad recupere su valor en Bolsa para tratar de reingresar el dinero. Junto a estos fondos, la entidad ha pedido otros 19.000 millones para cumplir con los saneamientos impuestos por el Gobierno, aunque todavía no está claro como se instrumentará esta segunda ayuda.
Otras entidades que han recibido dinero público en las que el Estado ha acabdo convirtiéndose en su accionista mayoritario son Catalunya Caixa (3.436 millones) o Novagalicia (2.622 millones). La tercera en discordia, Unnim, donde el FROB tuvo que inyectar 568 millones para cubrir pérdidas, será finlamente saneada por el propio sector a través del Fondo de Garantía de Depósitos tras su adjudicación al BBVA. El dinero del FROB en esta fusión de cajas, que fue computado como déficit en 2011 al tratarse de una ayuda del Estado, ahora que se ha recuperado para el erario público computará como superávit en el balance final de 2012.
España cerró 2011 con un déficit público del 8,9% -tras varias revisiones- y el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha comprometido a reducirlo al 5,3% a final de 2012 y al 3% en 2013. Para cumplir con este esfuerzo de consolidación sin precedentes, que equivale a un ajuste de 35.000 millones, el Gobierno ha anunciado también recortes excepcionales. Pese a ello, hasta la propia Comisión Europea da por hecho que no alcanzará las metas fijadas por culpa de la recaída del país en recesión, lo que está dando al traste con las previsiones de ingresos del Estado. Por este motivo, Bruselas ha abierto la mano a aplazar un año el sacrosanto objetivo del 3%, que es el límite que impone la UE. Pero también recuerda que el recurso a los fondos de rescate lleva implícita una mayor vigilancia sobre las cuentas del país y que el crédito se suspenderá si España incumple sus compromisos
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