OPINION

Blanco&negro

Por: Salomón Kalmanovitz

El título del libro de Marco Palacios y Frank Safford lo expresa con precisión, Colombia: país fragmentado, sociedad dividida. Un libro reciente de Hillel Soifer comprueba esta hipótesis*. Él afirma que las cuatro regiones principales de Colombia vivieron desconectadas, cada una concentrada en sus propios problemas. “Las visiones del desarrollo se centraron en la promoción de progreso regional antes que nacional, que no dependían en la extensión de la autoridad del Estado central … Cuando existían múltiples centros urbanos que se destacaban en sus economías regionales y dividieron el país en zonas prominentes, la construcción de capacidad estatal centralizada fue impedida por el conflicto sobre prioridades de bienes públicos y por el hecho de que no parecía un proceso necesaria para alcanzar sus metas”.

La idea del Estado mínimo recorre la historia de Colombia, pero no siguió la corriente neoliberal de los años 90, por lo menos en relación con el tamaño del Estado que prácticamente se duplicó. La tributación pasó de una administración elemental que gravaba las importaciones en los puertos, a una cada vez más compleja que puede recaudar tributos a la renta y a los consumos en todas las ciudades del país. Falta todavía que llegue a la mayor parte de los municipios y grave los latifundios.

Los problemas de orden público también debían ser resueltos por las elites de cada región que recurrieron a privatizar la seguridad, mediante grupos especializados en liquidar al oponente. Esto fue notorio durante La Violencia y se repitió con la gran ola exterminadora que se inicia en los años 80. Sanchez Baute trae a cuento cómo en el Cesar los desmanes de las Farc con sus secuestros, vacunas y robo o destrucción de ganado, liderados por Simón Trinidad, le dieron impulso a las autodefensas de Jorge 40, ante la helada indiferencia de Bogotá frente a los problemas locales.

Las fuerzas armadas siguieron un patrón similar de insuficiente financiación e impotencia frente a los desafíos de los grupos armados ilegales. Hasta 1990 el gasto en seguridad no superaba el 2% del PIB. La lucha contra el narcotráfico y contra la proliferación de grupos armados ilegales convenció a la dirigencia nacional que debía hacer un esfuerzo sistemático para derrotar a la insurgencia y desmantelar los paramilitares. Con el Plan Colombia de la administración de Andrés Pastrana se logró modernizar todas las fuerzas, incluyendo la Policía, y se dotó de una aviación efectiva en destruir los campamentos de la insurgencia. En 2007 el presupuesto total de seguridad era cercano a 6% del PIB y financiaba medio millón hombres; con ellos, se revirtió el curso del conflicto interno a favor del Gobierno.

* State Building in Latin America, 2015.