La senadora colombiana Piedad Córdoba, que enfrenta un proceso de destitución acusada de colaborar con la guerrilla de las FARC, negó este martes esos señalamientos y anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En una conferencia de prensa la senadora, que medió con el presidente Hugo Chávez en la liberación de rehenes de las FARC, consideró que la decisión de la Procuraduría, que el lunes la sancionó con la destitución, "está criminalizando la labor humanitaria", y aseguró que no se dejará "intimidar".

Córdoba, quien desde 2008 ha logrado la liberación de 14 rehenes de las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), anunció que realizará "las acciones necesarias que puedan ser admitidas por la justicia colombiana para demostrar mi inocencia".

Según la Procuraduría, Córdoba -que además fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por 18 años- "dio información a ese grupo sobre asuntos diferentes con la liberación de secuestrados".

La senadora dijo que además se dirigirá en los próximos días a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que también acudirá a la Unión interparlamentaria mundial y a la Unión Europea.

A los familiares de los 20 policías y militares que continúan secuestrados por las FARC, les prometió seguir trabajando por su liberación.

"No vamos a dejar solas a la familias, y si es el caso de llegar a la cárcel, desde la cárcel mi voz se levantará soberana y fuerte para insistir en la necesidad de la humanización" del conflicto armado colombiano.

Además, Córdoba agradeció al presidente Chávez por "su apoyo permanente a la paz de Colombia".

La resolución contra Córdoba deberá ser ratificada por el Consejo de Estado, máxima autoridad de justicia contencioso-administrativa, y podrá ser revisada mediante un recurso de reposición ante el propio procurador Jaime Ordóñez, dijo a la AFP una fuente del organismo de control.

La Procuraduría es el ente encargado de sancionar disciplinariamente a funcionarios públicos.

Clara López, presidenta del izquierdista partido Polo Democrático Alternativo (PDA), respaldó a Córdoba y dijo que con la sanción que le impuso la Procuraduría "se abre paso en Colombia el delito de opinión".

La ONG, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, también la apoyó, y en un comunicado expresó su "preocupación


Tomado por amuz para Blanco&negro

Septiembre 29 de 2.010