La universalidad en la atención sanitaria hacía de España un ejemplo para el resto de Europa. Hasta ahora. Dentro de cinco meses los inmigrantes en situación irregular verán su cobertura restringida. El
decreto de medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema nacional de salud alude a la complicada situación económica para
excluir a este colectivo, unas 153.000 personas, de la atención médica. A partir de septiembre solo tendrán acceso a urgencias. Países de la Unión Europea, como Francia, Bélgica u Holanda, y otros con economías tan maltrechas como la española, como Italia y Portugal, sí dan cobertura sanitaria a los extranjeros en situación irregular. Aunque exigen para ello diferentes requisitos –normalmente de permanencia en el Estado y de renta— para evitar un posible efecto llamada.
Así, España no estaba sola en el liderazgo mundial -que ahora abandona- como garante de derecho universal a la salud, también para los ‘sin papeles’. Italia es, después del cambio de rumbo español en política sanitaria, el país que menos trabas pone a los inmigrantes irregulares para acceder a su Servicio de Sanidad Nacional. Basta con una autodeclaración de indigencia para obtener el carnet STP (Extranjero Temporalmente Presente), válido por 6 meses y renovable, con el que tienen derecho a las mismas prestaciones previstas para los ciudadanos inscriptos al SSN, salvo la elección del médico de cabecera.
Mientras que España requería estar empadronado (para lo que se necesita tener un domicilio) para obtener la tarjeta sanitaria, Portugal y Francia piden requisitos temporales como muestra de que el inmigrante vive en el país, y evitar con ello el turismo sanitario. En Portugal los extranjeros en situación irregular tienen que acreditar haber vivido 90 días en el país, normalmente con dos testigos, y demostrar falta de recursos. Con esto cualquier extranjero tiene derecho a cuidados sanitarios con la misma cobertura que los autóctonos, y se le atribuye una tarjeta sanitaria con su correspondiente número de paciente.
En España los extranjeros sin permiso de residencia perderán la tarjeta sanitaria
En Francia para acceder a la Ayuda Médica del Estado, los extranjeros sin permiso de residencia mayores de 16 años -los menores están exentos-- deben haber vivido en suelo francés durante al menos tres meses y justificar ese tiempo con alguna factura de suministros. Deben demostrar además carencias económicas y, desde marzo de 2011, tienen que pagar 30 euros en concepto de "entrada" a esta prestación renovable anualmente.
Sarkozy justificó la creación de esta tasa por un crecimiento de los costes de este servicio (546 millones de euros en 2009). Sin embargo, el candidato socialista, y favorito para imponerse en las elecciones del 6 de mayo,
François Hollande, se ha comprometido a anular este pago previo denunciado por las asociaciones de derechos de los inmigrantes como una traba adicional al acceso pleno a la atención sanitaria de una población ya de por sí marginada.
Bélgica y Holanda reconocen el derecho a la sanidad de los extranjeros sin permiso de residencia, aunque con algún matiz. Ambos países investigan que la persona que solicita la asistencia carece de recursos (no es suficiente con una declaración del afectado); y son los médicos quienes deciden si esa asistencia es "necesaria" (en Holanda) y "urgente" (en Bélgica). Una fórmula que ha criticado la organización Médicos del Mundo, que afirma que provoca cierta arbitrariedad a la hora de prestar servicios porque depende de la opinión de cada profesional.
Alemania y Grecia ya tenían restricciones antes de la recesión
España formaba parte de este grupo de países que respetaba el derecho de todos, con o sin papeles, a la salud. Un modelo a seguir, coinciden los expertos en salud pública y defensores de los derechos de los migrantes consultados. “Es una pena que España vaya ahora en la dirección equivocada", afirma Paola Pace, especialista en Derecho de migraciones internacionales de la
Organización Internacional de las Migraciones (OIM). “Era uno de los pocos países con buenas prácticas en este sentido”.
La salud es un derecho recogido en el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos, pero restringir el acceso al sistema sanitario ha sido frecuentemente utilizado por los países de la UE para desincentivar la entrada de inmigrantes irregulares en sus territorios. Así lo han denunciado diferentes entidades internacionales como Médicos del Mundo o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre cuyos Estados miembro se encuentran los europeos. Ahora, la crisis es la excusa para recortar este derecho.
Las investigaciones demuestran, sin embargo, que la atención sanitaria no es una de las principales motivaciones de los migrantes para ir a un país u otro, ni tampoco está demostrado que denegar la asistencia a los extranjeros irregulares suponga un ahorro. "Estas medidas están poco basadas en la evidencia y tienen mucho de ideología", denuncia Sara Collantes, autora de uno de los estudios más completos sobre el acceso de los inmigrantes irregulares a los sistemas de salud en la Unión Europea, publicado por
HUMA Network en 2010.
"Las medidas restrictivas están poco basadas en la evidencia y tienen mucho de ideología", dice una experta
Con la nueva ley, el sistema español de atención sanitaria a extranjeros indocumentados se asemeja a los modelos más restrictivos (y discriminatorios, según
Médicos del Mundo) de Europa. Eslovenia, Chipre, Polonia o Reino Unido son algunos de los países que, como hará España, solo contemplan la asistencia sanitaria gratuita en caso de urgencia. Aunque en general, las trabas administrativas son una tónica en toda Europa, según Collantes. "Parecía que España había entendido que con la salud no se juega", dice la experta. Y lo dice en pasado, porque España da un paso atrás y limita la atención médica a los extranjeros "no registrados ni autorizados como residentes" mayores de 18 años , que solo accederán a los servicios de urgencias "hasta el alta" y "asistencial embarazo, parto y postparto". Más allá de esto, deberán pagar los costes o contratar un seguro privado.
De los 16 países de la UE analizados en 2010 por la organización de defensa de derechos de los migrantes HUMA Network, destaca que Alemania y Grecia dejan fuera del sistema sanitario a los extranjeros irregulares, salvo en caso de emergencia o cuando los pacientes son menores de edad. En estos países, también en Rumanía, se criminaliza por ley la asistencia a inmigrantes sin permiso de permanencia. Grecia es el ejemplo más claro: prohíbe formalmente –bajo riesgo de pena de cárcel- a las entidades públicas, incluidos los centro de salud y hospitales, proporcionar servicio a los sin papeles. En Alemania todos los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar a las personas sin permiso de residencia. No así los médicos y enfermeros gracias a las continuas críticas de numerosas organizaciones. Si bien, el millón de inmigrantes irregulares que se estima que viven en Alemania, suele esperar en la práctica hasta que no les queda más remedio, dado que solo les atenderán en caso de urgencia, o acuden a centros de salud caritativos. Los médicos de estas organizaciones altruistas, como Malteser Migraten Medizin o Fluchtpunkt, se mueven en muchos casos al filo de la ley.
Los motivos económicos, la reducción del déficit público, son “una excusa”, dice Collantes. Alemania y Grecia ya tenían estos sistemas antes de la crisis y sus resultados económicos en la actualidad son más que dispares, reflexiona la experta. Más allá de que numerosos estudios revelan que prestar servicios solo de urgencia a los adultos indocumentados es más costoso a largo plazo que la atención primaria y contribuye al colapso; las organizaciones internacionales añaden consideraciones morales entre las críticas a esta limitación. Incluso los médicos tienen un código ético que les impide denegar la asistencia, comenta Sara Collantes.
Eslovenia, Chipre o Polonia atienden a los extranjeros 'sin papeles' solo en casos de urgencia
Precisamente fueron los profesionales de salud en Italia los que frenaron con duras críticas un intento de imponer la obligación de denunciar a los ‘sin papeles’. Michele LeVoy, director de PICUM (
Plataforma Internacional de Cooperación con Migrantes Indocumentados) cree que “especialmente en tiempos de crisis, la protección y defensa de los derechos humanos significa la protección de los valores fundamentales sobre los que se basan nuestras sociedades europeas”.
También hay argumentos relacionados con la salud pública en contra de estas medidas restrictivas. Algunas enfermedades infecciosas pueden propagarse en mayor medida si una parte de la población no recibe tratamiento. España no ha resuelto si los irregulares enfermos de VIH u otras enfermedades infecciosas tendrán acceso a los medicamentos para su tratamiento. En el resto de Europa esta cuestión se aborda de formas dispares. Los medicamentos para el VIH son gratis sin condiciones en Italia y Portugal. Bélgica, Francia u Holanda imponen los mismos requisitos –temporales y de renta- para el acceso a medicamentos que para la asistencia sanitaria. En otros países, los ‘sin papeles’ enfermos con VIH tienen que pagar su tratamiento íntegramente, como ocurre en Polonia, Reino Unido y Suecia, entre otros.
Los pocos estudios sobre el derecho a la salud en Europa coinciden en apuntar que los inmigrantes son uno de los grupos más vulnerables. “Viven con el temor de ser descubiertos y expulsados; en el caso de la salud, incluso cuando el acceso es posible a menudo el miedo les impide ver a un médico”, dice el informe de Huma Network de 2010.
